DERECHO A LA EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Hermanos es importante leer detenidamente documentos como éste provenientes del MINED por muchas razones. Quizá la más fuerte sea en razón de nuestro ministerio específico ubicado de manera concreta en esta Nicaragua de hoy. Lectura crítica de materiales como éste puede resultar un buen ejercicio ascético de nuevo cuño para nosotros escolapios hoy en este 450°. Aniversario.

P. Donald Mendoza
4 de agosto de 2007

DERECHO A LA EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: UN DESAFÍO DEMOCRÁTICO PENDIENTE

Declaración del Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE) en el marco de la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación.

www.foro-latino.org

El Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE) es una iniciativa desarrollada por un conjunto de instituciones que actúan en el campo educativo, buscando ampliar y consolidar un espacio regional de reflexión, opinión e incidencia en las políticas públicas.

Nuestro objetivo es promover la defensa y el mejoramiento de la educación como derecho social y bien público. Entendemos que es necesario contribuir desde el pensamiento crítico a las transformaciones necesarias para que el derecho a la educación sea una oportunidad efectiva para todos los latinoamericanos y latinoamericanas, sin distinción de género, etnia, raza ni origen social.

En el marco de nuestras acciones en defensa del derecho a una educación de calidad para todos y todas, así como de nuestras iniciativas de promoción de la participación ciudadana en el campo educativo, las instituciones que conforman el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE) declaramos:

1. Las políticas neoliberales se han constituido en uno de los principales obstáculos para el cumplimiento del derecho a la educación.
   
   Nuestras sociedades son profundamente injustas, desiguales y discriminatorias. Las políticas neoliberales y los programas de ajuste fiscal aplicados por los gobiernos latinoamericanos durante las últimas décadas, se han constituido en uno de los principales obstáculos para el cumplimiento del derecho a la educación. ¿Cómo producir cambios en las políticas sociales sin intervenir sobre las políticas económicas vigentes? Por nuestra parte, consideramos que las políticas educativas democráticas encuentran un límite difícil de superar si no son acompañadas por políticas públicas que redistribuyan el ingreso, disminuyan los efectos excluyentes generados por la injusticia social y generen condiciones efectivas de igualdad en nuestros pueblos.
   
   Las instituciones que constituimos el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas, nos manifestamos contra descripciones reduccionistas que limitan la reflexión sobre la educación pública en torno a su eventual capacidad pervertidora o redentora. Proclamamos en cambio, la importancia de la educación como un derecho humano, como bien público y como oportunidad efectiva para la construcción de las condiciones que hacen a nuestras sociedades más justas e igualitarias.
   

2. Sostenemos que la participación y la incidencia de la sociedad civil en las políticas educativas constituye una condición sine qua non para que éstas tengan un carácter democrático e igualitario. La educación pública es producto de la histórica lucha de nuestros pueblos por la dignidad.
   
   La justicia social, la afirmación de nuestras identidades y el reconocimiento de los derechos ciudadanos. Desde nuestra perspectiva, la ampliación de la participación popular en el diseño y gestión de las políticas educativas es parte constitutiva de la lucha por el derecho a la educación. Sostenemos que la participación y la incidencia de la sociedad civil en las políticas educativas constituye una condición sine qua non para que éstas tengan un carácter democrático e igualitario. Consideramos de fundamental importancia las acciones de la sociedad civil no solo en la defensa sino en la construcción del derecho a la educación, entendiendo que las mismas muchas veces conllevan propuestas, experiencias y prácticas educativas históricas que no han tenido la oportunidad de ser involucradas en los procesos de decisión y construcción de la política educativa en la región.
   

3. El fomento de las "leyes de mercado" asociadas a un debilitamiento del rol del Estado en la promoción de los derechos sociales ha acentuado los mecanismos de segmentación y diferenciación de nuestros sistemas escolares.
   
   Los gobiernos neoliberales, inspirados en la retórica de los organismos financieros internacionales, han promovido la privatización y la focalización fragmentaria de la política social. Esto traduce una inocultable falta de voluntad política en algunos de los gobiernos latinoamericanos para enfrentar de forma efectiva las desigualdades educativas y sociales que nos atraviesan endémicamente.
   

4. Observamos una enorme distancia entre las legislaciones respecto al derecho a la educación y la realidad de exclusión y segregación en la que vive buena parte de la población de nuestros países.
   
   Numerosos diagnósticos, entre los que destacamos nuestros estudios sobre el estado del derecho a la educación en América Latina, ponen en evidencia la vulnerabilidad y precariedad de este derecho y las dramáticas condiciones que enfrentan las escuelas públicas en nuestros países. La fragilidad de la ley y los mecanismos instituidos para infringirla, dentro y fuera del propio Estado, conspiran contra el derecho a la educación, volviéndolo una formalidad normativa sin grandes consecuencias prácticas.
   

5. El discurso inclusionista de muchos gobiernos no necesariamente tiene su correlato en instancias de participación auténticas ni en el fortalecimiento del poder real de la sociedad civil en la definición de las políticas educativas.
   
   Existe en la región una significativa variedad de normas legislativas que apuntan a garantizar diversas formas de participación de la sociedad civil en las políticas públicas. Sin embargo, como evidencian numerosos estudios y más allá de las retóricas participacionistas, el poder real de estos espacios suele no ser tan efectivo.
   
   Diversos sectores de la población, pese a que llevan desarrollando históricamente experiencias educativas que apuntan a fortalecer la cohesión social de los sectores más vulnerables de nuestros países, tienden a ser coartadas por mecanismos, que lejos de promover una ampliación del poder de los ciudadanos y ciudadanas, consolidan tecnologías de control y disciplina miento mediante los cuales pretenden cooptarse las demandas populares y las organizaciones que las representan, legitimando las políticas en curso.
   

6. Cambiar prácticas de discriminación sexual, étnica, social y racial al interior de la escuela, debe constituirse en un imperativo ético y político para los gobiernos y para todas las organizaciones democráticas de nuestras sociedades.
   
   Los trabajadores y trabajadoras de la educación han sufrido y sufren hoy la implementación de políticas que no han hecho más que precarizar las condiciones para el ejercicio de la docencia. La formación de docentes no está a la altura de los desafíos pedagógicos y curriculares que se enfrentan cotidiana mente en nuestras escuelas, como por ejemplo prácticas de discriminación sexual, étnica, racial y regional. Cambiar estas prácticas es un imperativo ético y político para la construcción del derecho efectivo a una educación de calidad para todos y todas.
   

7. Defender el derecho a la educación supone también defender la reforma democrática de la escuela pública.
   
   Las organizaciones que componen el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE), nos comprometemos a trabajar activamente por la implementación de una reforma democrática de la escuela pública, reconociendo el valor fundamental que la misma posee, en una sociedad democrática, para la construcción y promoción de los derechos ciudadanos, la justicia social, la solidaridad y la igualdad: defender el derecho a la educación supone defender la reforma democrática de la escuela pública.
   

8. El fortalecimiento de movimientos y organizaciones sociales con capacidad de incidencia en las políticas educativas es central para la conquista de una escuela pública de calidad para todos y todas.
   
   De tal forma, consideramos de gran importancia el fortalecimiento de los movimientos sociales y populares que, ejerciendo los principios de una democracia activa, construyen cotidianamente la ciudadanía, ejerciendo su derecho a la determinación de su propia producción de conocimientos y de sus propios aprendizajes. Del fortalecimiento y multiplicación de los movimientos y organizaciones populares depende, en buena medida, el futuro de una escuela pública de calidad para todos y todas.
   

9. La educación debe ser un proceso de desarrollo de poder, y la educación con participación es una forma de lograrlo. Los miembros de FLAPE alentamos y apoyamos todas las acciones de los gobiernos de la región cuyas políticas se orientan por una ética de la igualdad, la justicia y la profundización democrática de nuestras sociedades.

Valparaíso, Chile, julio de 2007